¿Que Es Aislamiento Fisiológico?

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ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA)1, producto de la reforma efectuada por la Asamblea Nacional en mayo de 2005 al Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dictado por el Presidente de la República conforme a la habilitación efectuada por la Asamblea Nacional para “Dictar medidas con el fin de garantizar la titularidad, régimen de tenencia y uso de la tierra, como un elemento de desarrollo rural…”2, fija como objetivos primarios establecer las bases del desarrollo rural integral y sostenible, la planificación de la actividad agraria de manera estratégica, democrática y participativa; asegurar la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentarias de las generaciones presentes y futuras (LTDA, 2005: artículo 1). El cuerpo legal precisa los medios para lograr sus propósitos, dentro de los cuales resaltan la eliminación del latifundio, la afectación del uso3 de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la actividad agroalimentaria, la propiedad agraria especial o sui generis, entre otros. En orden a la consecución de los objetivos propuestos y aplicación de los medios indicados se crean tres entes administrativos con forma de institutos autónomos. Dichos entes son el Instituto nacional de Tierras (INTI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y la Corporación Venezolana Agraria (CVA), a los cuales se les atribuye un objetivo principal y un conjunto de competencias que tienden al logro de dicho objetivo. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los entes agrarios se pueden llegar a establecer una serie de relaciones o vínculos con los particulares, especialmente con los propietarios, ocupantes o poseedores agrarios, y de dichos vínculos derivar decisiones bajo la forma de actos administrativos, que pueden incidir de manera positiva o negativa en la esfera de derechos de los particulares. Lo expresado determina la existencia de relaciones jurídico-administrativa que deben desarrollarse a través de un procedimiento, el cual actúa en garantía de los derechos de los particulares frente a las potestades y prerrogativas de Administración, y en garantía de ésta última. En la LTDA se regulan cinco procedimientos administrativos, a saber, la declaratoria de tierras ociosas o incultas, la certificación de finca productiva, la certificación de finca mejorable, la adjudicación de tierras, y el rescate de tierras, sin contar el procedimiento expropiatorio, el cual comprende una fase administrativa y otra jurisdiccional. Los procedimientos indicados constituyen objeto de estudio dentro del presente trabajo el cual pretende determinar si los procedimientos administrativos agrarios establecidos en la ley garantizan los derechos de los particulares que en un momento específico pueden relacionarse con la Administración Pública agraria venezolana. El método empleado parar el desarrollo del trabajo es el método analítico. La investigación es de carácter documental y atiende a la doctrina agraria, y administrativa nacional; la legislación; y. la jurisprudencia, especialmente la emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia entre enero de 2002 y mayo de 2005. 1. EL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), consagra el denominado derecho de petición en su artículo 51 al reconocer a toda persona el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad y a obtener oportuna y adecuada respuesta. En el mismo texto constitucional se establece el principio al debido proceso en todas las actuaciones administrativas (CRBV, artículo 49), principio que va a permitir instrumentar el referido derecho de petición. De tal forma, que toda petición presentada ante la Administración Pública debe transcurrir necesariamente por un procedimiento, el cual se configura como un medio idóneo para concretar el derecho de petición y lograr que la Administración sea eficaz, transparente, imparcial y actúe con apego al derecho, pues permite despersonalizar la relación Administración-ciudadano o administrado, haciendo desaparecer los vínculos personales. Así las cosas, el procedimiento administrativo se erige como una de las garantías de los derechos de los particulares cuando se vinculan con la Administración Pública en una relación en la cual ésta última actúa en ejercicio de potestades y no de derechos, en definitiva en una relación en función del interés público. 2. PRESUPUESTOS PROCEDIMENTALES: RELACIÓN JURÍDICO-PROCEDIMENTAL La existencia de la relaciones jurídico-administrativas sólo se conciben dentro del Estado de Derecho que nos rige, en el cual, se produce, el sometimiento de la Administración Pública al Derecho, y, el reconocimiento de una situación jurídica de los administrados, frente a la Administración Pública, que aquellos pueden sostener y hacer valer jurídicamente (Araujo Juárez, 1998). En la relación jurídico-administrativa la Administración Pública y el particular resultan vinculados, y a la obligación de una de las partes corresponde un derecho o una potestad de la otra parte. Así las cosas, la ecuación relacional se establece entre posiciones de poder y posiciones de deber, la primera posición activa de poder, influye en la posición pasiva o de deber, la cual aparece así influida por la otra (Araujo Juárez, 1998). Por una parte, la Administración se presenta en estas relaciones armada con sus potestades generales: reglamentaria, impositiva, expropiatoria, policial, sancionatoria, entre otras, que la Ley le atribuye por su condición de tal; y por la otra, el particular mantiene, en estas situaciones de aparente sujeción general, posiciones activas capaces de imponerse a la Administración, de modo que en realidad la situación no puede describirse sino en un entramado de posiciones activas y pasivas para las dos partes (García de Enterría y Fernández, 1998). En tal sentido el procedimiento administrativo en la practica traduce una relación jurídica entre la Administración Pública y el administrado de naturaleza procedimental, por tanto no se reduce a ser una mera ordenación técnica de la actividad de una pluralidad de sujetos (y de órganos), sino una relación jurídico-procedimental que se traba entre la Administración Pública que tiene la condición de parte y donde se coordinan las distintas intervenciones en torno a un vínculo dinámico y evolutivo, desarrollado en derechos, obligaciones y cargas, que se mantienen a través de las distintas fases o momentos cronológicos de dicho procedimiento hasta culminar con la decisión final. En los procedimientos en sede administrativa establecidos en la LTDA se establece un vínculo sujeto a la regulación del Derecho Agrario y el Derecho Administrativo formal, lo que presenta una relación jurídico-administrativa agraria, en la cual la Administración, representada por entes de la Administración Pública agraria venezolana, en la cual destaca por sus atribuciones el INTI (INTI), se encuentra en una situación de poder, por tanto puede: actuar, oponerse o exigir de los particulares una acción, una abstención o el soportar una acción. La Administración Pública agraria se haya en ejercicio de potestades, por tanto en una relación en función del interés público. El Congreso de la República de Venezuela la Decreta: La Siguiente: Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios Título I. Disposiciones Fundamentales Artículo 1°Los asuntos contenciosos que se susciten con motivo de las disposiciones legales que regulan la propiedad de los predios rústicos o rurales, las actividades de producción ,transformación, agroindustria, enajenación de productos agrícolas, realizadas poros propios productores, sus asociaciones y empresas, así como los recursos naturales renovables y las estipulaciones delos contratos agrarios, serán sustanciados y decididos por los tribunales a que se refiere la presente Ley. Artículo 2°La Jurisdicción Especial Agraria regida por la presente Ley, será ejercida por los Tribunales Agrarios de Primera Instancia y por los Tribunales Superiores Agrarios que conocen en Segunda Instancia. Dichos Tribunales estarán constituidos por un Juez, un Secretario y un Alguacil. Para su funcionamiento podrán disponer del personal subalterno que sea necesario. Artículo 3°La Jurisdicción Agraria se organizara en atención a las regiones establecidas para el funcionamiento de los órganos agrarios del Poder Ejecutivo. En cada una de estas Regiones, el Consejo de la Judicatura podrá crear Tribunales Superiores Agrarios; así como podrá crear en cada Entidad Federal los Tribunales Agrarios de Primera Instancia que considere necesarios. Artículo 4°En todo estado y grado del proceso las partes podrán llegar a la conciliación. Igualmente podrán acordar con los Jueces la abreviación y transacción debe ser autorizada por el Juez de la causa, quien no la homologara cuando considere que se lesionen derechos e intereses de beneficiarios de la Reforma Agraria, diferentes a las partes que convienen en la transacción. Artículo 5° En el curso del proceso los jueces podrán decretar providencias y autos, a fin de esclarecer y aligerar de oficio los tramites, actuaciones y pruebas. Igualmente, podrán dar por terminados los actos de examen de testigos y de posiciones juradas, cuando lo consideren pertinente. A los fines de asesoramiento técnico, podrán solicitar dictámenes a funcionarios expertos de los organismos públicos del sector agrario, de los Colegios Profesionales, de los organismos sindicales y económicos de los sujetos involucrados y, en general, de personas idóneas, sin que por ello los dictámenes de las personas consultadas sean de obligatoria aceptación para el magistrado. Artículo 6° Los jueces agrarios podrán dar comisión a los demás Jueces de la República, de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Artículo 7° En los procedimientos agrarios, el Juez podrá dictar aquellas providencias que tiendan al mejor esclarecimiento de la verdad y a tal efecto, podrá ordenar la evacuación de las pruebas que estime necesarias, manteniendo en todo caso el principio de la igualdad de las partes y sin poder suplir defensas y alegatos no formulados por estas. Artículo 8° Los jueces agrarios, de oficio, podrán dictar en juicio las medidas que consideren necesarias para asegurar y proteger la producción agraria y los recursos naturales renovables, cuando estén amenazados de desmejoramiento, ruina o destrucción. Artículo 9° Las experticias judiciales promovidas de oficio o a instancia de parte las ejecutara un solo experto designado por el Juez, quien señalará un plazo breve para el cumplimiento del cometido. Artículo 10 Las causas que se sigan en los Juzgados Agrarios llevaran una numeración cronológica y en ese orden serán decidas, atendiendo para ello a los lapsos procesales sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de esta Ley sobre disminución de términos procesales. Artículo 11 En los juicios agrarios contra las personas jurídicas de carácter publico, no podrá admitirse la demanda sin la previa comprobación de haberse agotado por el interesado las gestiones por la vía administrativa. Constituye plena prueba respecto de los sujetos de Reforma Agraria beneficiarios a título gratuito de esta gestión, cualquier documento que, razonablemente a juicio del Juez, indique la voluntad del demandante de haber recurrido a dicha vía. Título IV. Del Procedimiento Artículo 17° Los Juzgados Agrarios aplicaran en el proceso las disposiciones pautadas en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y en la presente Ley, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales para ventilar la acción. El incumplimiento de estas disposiciones en la sustentación y decisión de procesos y recursos legales será causa de reposición de oficio por el Juzgado de Alzada. Los Juzgados Agrarios aplicaran en el proceso las disposiciones pautadas en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y en la presente Ley, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales para ventilar la acción. El incumplimiento de estas disposiciones en la sustentación y decisión de procesos y recursos legales será causa de reposición de oficio por el Juzgado de Alzada. Artículo 18°No podrán admitirse demandas que conlleven al desalojo de los arrendatarios a que se refiere el artículo 148 de la Ley de Reforma Agraria si no se acompaña ala autorización del Instituto Agrario Nacional que consagra el mismo artículo. En el caso de ocupantes la falta de autorización podrá ser opuesta en cualquier estado y grado del proceso. Sin embargo, si de autos apareciere comprobado que la autorización a que se refiere el artículo 148 de la Ley de Reforma Agraria se hace necesaria, refiere el artículo 38 de esta Ley, el Juez repondrá la causal estado de que se admita nuevamente la demanda acompañada de la autorización de desalojo del Instituto Agrario Nacional. Artículo 19°Los Jueces no admitirán ninguna demanda que pretenda modificar, menoscabar o lesionar la situación de tenencia de los beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria, si al respectivo libelo no se acompaña a la autorización previa en el artículo 148 de la Ley de Reforma Agraria. Artículo 20°Si el demandante es integrante de los órganos directivos de la Federación Campesina de Venezuela o de cualquiera otra organización sindical agraria y actúa en nombre de sus afiliados, anexara a la demanda un ejemplar legalizado de los Estatutos de la Organización a la cual pertenece, con expresión de su personería jurídica. Dicho ejemplar hace plena prueba respecto de su representación. Artículo 21°En las demandas por desalojo o tenencia irregular de tierras u otros actos relacionados con la Reforma Agraria, el Juez competente deberá notificar a un Procurador Agrario de la jurisdicción y este hacerse presente en el acto de contestación de la demanda, sin cuyo requisito no podrá llevarse a efecto, a menos que la parte interesada se haga representar por un abogado. El Juez de a causa podrá imponer multa al Procurador notificado, en caso de inasistencia injustificada, la cual no podrá ser menor de quinientos (500) ni mayor de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00). Artículo 22°A los fines de la citación, en caso de no encontrarse el demandado o no oírsele practicar personalmente, se fijarán los carteles de emplazamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo. El término será de cinco días continuos desde la fecha de la fijación. Artículo 23°Los Juzgados Superiores Agrarios conocerán en apelación de las decisiones de los Jueces de primera Instancia Agraria, cuando la cuantía exceda de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00), la apelación deberá interponerse dentro de las tres audiencias siguientes a la publicación de la publicación de la sentencia. Artículo 24°A los expedientes recibidos en el Juzgado Superior Agrario, por apelación de los fallos definitivos o interlocutorios de Primera Instancia se les dará entrada, se fijara un lapso de (8) días hábiles para constituir asociados, promover y evacuar las pruebas procedentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil e instruir las que crea pertinentes el Juzgado, de conformidad con la presente Ley. Vencido este lapso se oirán, en la segunda audiencia siguiente, los alegatos de las partes y se dictara sentencia dentro de los dos día hábiles posteriores, sin perjuicio de la facultad de dictar autos para mejor proveer Artículo 25°El Recurso de Casación podrá ser admitido contra los fallos de Segunda Instancia, conformes o no con las de la primera. La sustanciación y decisión del recurso de Casación en materia agraria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo. Artículo 26°Los Juzgados de Primera Instancia Agraria harán ejecutar las sentencias definitivamente firmes o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, que hayan decidido, así como los dictados por el Juzgado Superior Agrario, al conocer en alzada de las sentencias del Juzgado de Primera Instancia. Artículo 27°Para la ejecución de las sentencias de los Juzgados Agrarios se observara lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto no colida con la presente Ley. Los remates serán anunciados en un solo cartel y el justiprecio de los bienes a rematar lo hará un perito nombrado por las partes. Si no hubiere acuerdo será designado por el Juez. Artículo 28°El Juzgado Superior Agrario con sede en Caracas conocerá en Primera Instancia de los recursos de nulidad por ilegalidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares emanados de los organismos administrativos agrarios. En la sustanciación y decisión de dichos juicios, el Juzgado Superior Agrario, aplicara en sus casos, las normas establecidas en las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta del Capítulo II, Título V, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Contra las decisiones dictadas con arreglo a este artículo podrá interponerse el recurso de apelación, Contencioso Administrativo, a que se refiere el artículo 184 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 29°El Juzgado Superior Agrario con sede en Caracas conocerá de las apelaciones en materia de expropiaciones a que se contrae la letra a) del artículo 12 de esta Ley. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) En el año 2001, se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual establece las bases para el desarrollo rural integral y sustentable del sector agrícola, afectando el uso de todas las tierras públicas o privadas con vocación para la producción agroalimentaria, esta afectación no constituye ningún tipo de gravamen sino que se refiere a la ubicación del uso de tales tierras dentro de un marco jurídico distinto al derecho común, es decir, es una limitación a la propiedad privada por razones de utilidad pública o interés general Este nuevo marco legal busca profundizar y dar operatividad a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ello se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de la tierra. Igualmente, se implantan los medios necesarios para la eliminación integra del régimen latifundista como sistema contrario al interés social, estos medios se refieren a los procedimientos administrativos agrarios dispuesto en la nueva ley de Tierras y Desarrollo Agrario: i) rescate de tierras públicas ocupadas ilegal o ilícitamente; ii) declaratoria de tierras ociosas o incultas; iii) cobro del impuesto sobre tierras ociosas o incultas; y, iv) expropiación de tierras privadas con vocación para la producción agroalimentaria, así como de las bienhechurías fomentadas en tierras públicas. El nuevo Estatuto Agrario, busca la incorporación del campesino al proceso productivo, preferentemente de forma cooperativa, es por ello que en su articulado de establece la creación de los fundos estructurados en los cuales se adjudica la tierra a los grupos organizados, así como los bienes muebles e inmuebles necesarios para la efectiva explotación, esta efectiva explotación no busca un enriquecimiento de los integrantes de las cooperativas, que se fundamente en la explotación del hombre por el hombre, sino que por el contrario esta debe ser una producción social, que beneficie a la mayoría de los integrantes de las comunidades establecidas en los alrededores de los fundos estructurados. Esta realidad cooperativista dispuesta e la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de ninguna manera puede entenderse como la negación de las explotaciones realizadas de manera individual por los campesinos, estas igualmente, son protegidas por el Estado Venezolano. El ordenamiento jurídico venezolano actual en materia agraria, tiene como fin último establecer las bases para el desarrollo rural integral y sustentable, lo cual se logrará si se cumplen cuatro requisitos indispensables, a saber: i) La afectación del uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria (cumplimiento de los Planes Nacionales de Producción Agroalimentaria, mejor uso de las capacidades de los suelos, etc.); ii) el cumplimiento de la función social; iii) eliminación del latifundio; y, iv) garantizar la biodiversidad y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de las presentes y futuras generaciones. Ley de tierras: fundamento de la justicia campesina El Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sustenta el nuevo marco legal, en el que se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ello, se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario deja claro, en su primer artículo, que el crecimiento económico debe ser enmarcado dentro de una “justa distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo”. Se someten a la normativa del marco legal, según señalan los legisladores, todas las tierras, tanto públicas como privadas, “con vocación para el desarrollo agroalimentario”. En este sentido, están incluidas las tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras, las propiedades de la República de dominio privado, las áreas baldías en jurisdicción de los diferentes Estados y Municipios, y las tierras privadas. A partir de la aprobación de este Decreto Ley, el Ejecutivo Nacional es el encargado de promover planes especiales de desarrollo integral para ir incorporando progresivamente a todas las regiones al “desarrollo económico del país, manteniendo la igualdad de oportunidades para todas las regiones”. Además, el artículo 4 decreta que las organizaciones económicas encargadas de la producción agraria se establecerán teniendo como base “los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema cooperativo, colectivo o comunitario”. Sobre la relación del Estado y la tenencia de la tierra también se pronuncia la ley. Se indica (artículo 8) que será el Estado venezolano el encargado de garantizar al campesino su incorporación al proceso productivo, estableciendo las condiciones adecuadas para la producción, promoviendo la estructuración de fundos, mediante la adjudicación de tierras. También se establece (artículo 9) que “el Estado organizará el servicio eficiente del crédito agrario, incorporando a las instituciones bancarias y financieras, públicas o privadas, existentes”, para potenciar el crecimiento del sector, creando de ser necesario instituciones estatales para que otorguen créditos en condiciones especiales. - Heading
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